“Campeche se encuentra entre los cinco Estados del país con el mejor avance en la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCAM), Jorge de Jesús Argáez Uribe, durante la reunión ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Autoridades Corresponsables.
En cuanto a la calificación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011-2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el mes de mayo de 2018, se dijo que Campeche logró grandes avances, pues de acuerdo al tabulador, hasta el año 2017, obtuvo 6.82 puntos, superando a los estados de la región, como Yucatán, con 6.81; Oaxaca, 6.03; Veracruz, 6.02; Chiapas, 6.00; y Quintana Roo, con 5.03.
También se reconoció el avance al cuarto lugar en el Avance Nacional de la Implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sólo por debajo de Guanajuato, Querétaro y Baja California, y superando a Estados como Chihuahua, que integran los cinco con el mejor avance en 2017.
Ante ello se exhortó a las diferentes instituciones a redoblar esfuerzos para continuar apoyando con programas y proyectos en beneficio de los internos de los Centros de Reinserción Social de San Francisco Kobén y Ciudad del Carmen, así como del Centro de Internamiento para Adolescentes de Kila, Lerma.
En la reunión, desarrollada en la sala de juntas de la SSPCAM, estuvieron también presentes el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE); Miguel Ángel Chuc López; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno (SEGOB), Alejandro Medina Piña; la subsecretaria de la SSPCAM, Rosa María Palacios Suárez, así como titulares y representantes de las diferentes instituciones involucradas en el trabajo corresponsable que marca el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
*Con base en las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, así como lo establecido en los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este contenido es de carácter institucional y con fines informativos y no tiene el propósito de influir en los procesos electorales vigentes.