*Presidentes municipales advirtieron que tomarán medidas drásticas como el cierre de carreteras y no permitirán la construcción del Tren Maya si el Gobierno de la República le concede la razón a Quintana Roo.
En caso de que el Gobierno de la República conceda la razón a las autoridades quintanarroenses ante la pretensión del gobierno de Quintana Roo de querer adueñarse de una franja en la zona limítrofe que pertenece a los municipios de Hopelchén y Calakmul, presidentes municipales cerraron filas en torno a la defensa del territorio de Campeche, advirtieron que se cerrarán las carreteras y no se permitirá la construcción del Tren Maya, ni de obras federales prioritarias.
Durante la sesión de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado de Campeche que encabezó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, los presidentes municipales de Calkiní, Hecelchakán, Palizada, Carmen, Candelaria, y los directamente involucrados, de Hopelchén y Calakmul, acordaron consolidar actos de gobierno en la zona en disputa y avalaron las estrategias de defensa que el gobierno ha fortalecido con base en razones históricas y jurídicas para no ceder ni un solo centímetro del estado.
“Calakmul y Hopelchén, es también Campeche, por lo que tomaremos las medidas que sean necesarias para que no se violente su soberanía”, advirtieron al puntualizar que el llamado a los campechanos será a unirse para hacer valer su voz y razón.
Al iniciar la reunión, el secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, en calidad de vicepresidente de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado de Campeche, llamó a los alcaldes a seguir trabajando y defendiendo el territorio, así como ayudar a los habitantes de la región limítrofe.
En tanto, la consejera jurídica y coordinadora general de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado de Campeche, Olivia del Carmen Rosado Brito, informó del estatus que presenta la Controversia Constitucional presentada por el estado de Yucatán contra el estado de Quintana Roo, y donde Campeche tiene el carácter de tercero interesado, ya que mediante el Decreto 303, el Congreso quintanarroense en 2019 modificó su Constitución e incluyó superficies de Yucatán y de los municipios de Hopelchén y Calakmul, Campeche.
Dio a conocer que la controversia constitucional actualmente está en período de pruebas y que será el próximo 27 de febrero cuando se lleve a cabo la audiencia donde se presenten pruebas y alegatos.
Comentó que además se han realizado las manifestaciones jurídicas correspondientes al estado y presentado dos pruebas periciales, una de carácter histórico y otro cartográfico, por lo que ya se llevaron a cabo tres reuniones con la Consejería Jurídica de Yucatán para efecto de homologar ambos criterios.
De igual manera, dijo que se han sostenido reuniones con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para informar sobre el tema y dejar la documentación que avala que Campeche tiene la razón jurídica y que de tres estados que conforman la Península de Yucatán, dos coinciden con las delimitaciones de los estados.
Al mismo tiempo, señaló, se atendió el requerimiento de la Corte debido a que el estado de Quintana Roo se inconformó mediante un recurso de reclamación en contra del auto que admitió la Controversia Constitucional presentada por Yucatán, sin embargo, éste no ha sido resuelto y el expediente principal sigue su marcha por lo que ya se está en los períodos de pruebas que acreditan actos de gobierno de los municipios y del estado.
Los primeros presidentes municipales en intervenir fueron de Hopelchén, Sandy Arely Baas Cauich, quien agradeció a sus homólogos que se estén uniendo a la lucha de defensa del territorio, pues “no podemos permitir que el estado de Quintana Roo quiera adueñarse de una parte de la entidad”, mientras José Mora Hernández, de Calakmul, aseguró que de no darle la razón a Campeche, se cerrarán las carreteras para no permitir el tránsito de vehículos a la entidad vecina e incluso se detendrían obras importantes del gobierno federal.
Apuntó que específicamente en las comunidades colindantes con la zona limítrofe, conjuntamente con las autoridades ejidales, se siguen invirtiendo recursos públicos en la ejecución de obras y acciones, y que para el presente año se ha proyectado fortalecer la atención en los rubros de abasto de agua, vivienda y actividades agropecuarias.
Seguidamente, la presidenta municipal de Palizada, Maritza Díaz Domínguez, tajante dijo que se equivocan quienes esperan ver que los campechanos permanecerán pasivos ante una grave injusticia que se quiere cometer contra su integridad territorial. “Aquí estamos uniéndonos para luchar hasta las últimas consecuencias junto al gobierno estatal y los hermanos de Hopelchén y Calakmul”, advirtió.
En tanto, el alcalde de Carmen, Oscar Rosas González, manifestó el respaldo del pueblo carmelita a las acciones de defensa de las tierras campechanas, máxime cuando es un asunto que ya estaba resuelto. “Habremos de tomar las medidas que sean necesarias para evitar que Quintana Roo se quede con una superficie de terreno que ni por ley ni por historia le pertenecen; avalar esa pretensión detonaría una serie de actos de protesta del pueblo campechano”, sostuvo.
Salvador Farías, presidente municipal de Candelaria, apuntó que en su municipio se estarán tomando cartas más serias en el asunto para defender las tierras campechanas, que podrían conllevar a no permitir que se inicie la construcción del Tren Maya y otras obras que son prioritarias para el gobierno federal.
Por su parte, el alcalde de Calkiní, Roque Sánchez Golib, ratificó también su respaldo a la defensa de Campeche: “Estamos preocupados por lo que está pasando en la zona limítrofe, pero también estamos comprometidos con la gente y vamos a defender el territorio que le pertenece al estado; es un tema que ya se había resuelto y el actual gobierno quintanarroense ha revivido indebidamente”, añadió.
El alcalde de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, calificó como locura la intención del gobierno de Quintana Roo de apoderarse ilegalmente de terrenos campechanos, y llamó al gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atender de manera inmediata el conflicto. “Queremos que nos respeten lo que históricamente nos pertenece, pues de lo contrario tomaremos las acciones que sean necesarias”, sentenció. (Información de prensa)
