Para combatir la comisión de delitos fiscales y financieros, el gobernador Carlos Miguel Aysa González y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; firmaron un convenio de colaboración y como incentivo se estableció que los impuestos recuperados se queden totalmente en la entidad.
El mandatario estatal, dijo «mi gobierno ha decidido suscribir el convenio porque es congruente con lo que pensamos y con lo que hacemos todos los días. Si algo tenemos claro es que estar de parte de la ley es la mejor forma de no equivocarse. El imperio de la ley es inquebrantable, nada fuera de ella, nada sobre ella, todo dentro de su cauce”.
En el acto, estuvo acompañado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y el secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López; y precisó que con este acuerdo se fortalece el compromiso conjunto de intercambiar información en temas relacionados con actos de defraudación fiscal, contrabando y compra-venta de facturas falsas.
Destacó que uno de los incentivos que establece el convenio es que toda la cobranza realizada con motivo de los procedimientos jurídicos será directamente en beneficio del estado, lo cual permitirá fortalecer la coordinación fiscal como la más importante fuente de recursos públicos y al federalismo como la mejor forma de distribuirlos.
Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público destacó que con este acuerdo se fortalecerá la coordinación fiscal y las finanzas públicas del estado, además de que se podrá combatir la evasión fiscal.
Dijo que para tener recursos públicos se necesita hacer cobranzas justas, equitativas y transparentes, al tiempo que recalcó que el convenio suscrito tiene como incentivo que la recaudación que se recupere no vaya al gobierno federal, sino que el 100 por ciento se quede en la entidad.
Antes, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, subrayó que el acuerdo fortalecerá las arcas estatales, el Estado de Derecho y el combate a la impunidad y corrupción.
Precisó que la reforma penal fiscal, publicada el 8 de noviembre de 2019, establece aplicar todo el peso de la ley a los delincuentes de cuello blanco, por lo que consideró fundamental el trabajo coordinado, organizado y armónico entre la Federación y los estados para construir casos contundentes con pruebas sólidas y argumentos convincentes, sobre la mecánica de cada delito y los beneficiarios detrás de las empresas fantasmas y prestanombres.
Señaló que las empresas que cayeron en la tentación de comprar facturas falsas o simular subcontrataciones también serán castigadas penalmente, pues no solo serán sancionadas las personas físicas que realizaron conductas delictivas, sino también las personas morales podrán recibir penas que irán desde multas elevadas hasta decomisos de bienes, y en caso de ser necesario, las empresas podrían ser disueltas y liquidadas.
Mientras, la secretaria de Finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero, señaló que la colaboración administrativa siempre será un elemento fundamental entre los diferentes órdenes de gobierno, bajo un esquema de respeto de las atribuciones constitucionales que corresponden a cada uno de ellos.
Resaltó que para dar cumplimiento al convenio se establecerán anexos técnicos relacionados con los alcances de compromisos y acciones, así como de los mecanismos y procedimientos; además se designarán a los servidores públicos que integrarán el grupo de enlace y se encargarán del cumplimiento, la evaluación y el seguimiento del acuerdo, en sus respectivos ámbitos de competencia.
