El Congreso del Estado de Campeche aprobó por unanimidad las leyes de Ingresos de seis municipios; reformas al Decreto 65 de este año; modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Código Penal, ambos del Estado; y la iniciativa para denominar al 2017 como Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y eligió al ciudadano Juan Antonio Renedo Dorantes como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Respecto a los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos son de los Municipios de Calakmul, por 231 millones 937 mil 821 pesos; Calkiní, por 251 millones 49 mil 600 pesos; Candelaria, por 358 millones 672 mil 353 pesos; Escárcega, por 319 millones 841 mil 943 pesos; Hecelchakán, por 148 millones 580 mil 720 pesos; y Hopelchén, por 221 millones 886 mil 635 pesos, para el ejercicio fiscal 2017.
En cuanto al dictamen de la iniciativa para reformar el Artículo Primero Transitorio del Decreto 65 de fecha 30 de junio de 2016, relativo a la Declaratoria de entrada en vigor en el Estado de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por legisladores locales, es para dar mayor certeza y precisión a los alcances de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Estado de Campeche, normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, a efecto de hacer concordante la vigencia de los plazos y salvedades previstas en los artículos transitorios de la mencionada Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de que en el Estado la observancia de dicha legislación sea congruente con el actual sistema de justicia penal.
Sobre el dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción XXXIV y adicionar una fracción XXXV al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, promovida por legisladores locales, es con el propósito de establecer entre las atribuciones de la Secretaría de Gobierno de la administración pública estatal, las facultades que le permitan coordinar un Centro de Supervisores de Libertad, así como prever el proceso de certificación para que las organizaciones de la sociedad civil puedan coadyuvar en la supervisión de la libertad condicionada, en términos de la legislación de la materia.
