Sic Sac
Por M.A. Elda Clemente Reyes
En octubre de 2016, la LXIII Legislatura Federal aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, con 394 votos a favor, el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de crear residencias de día, en las que se les otorgará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura y recreación.
La propuesta gira en torno a la apertura de espacios dignos que deberán ser supervisados y monitoreados, de forma permanente, para su buen funcionamiento, que ofrezca oportunidades de desarrollo a los abuelitos y atención integral.
De acuerdo a proyecciones del Consejo Nacional de Población 2000 – 2050, en el año 2000 residían en México 6.9 millones de personas de 60 años y más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del siglo alcancen 36.2 millones. Cabe destacar que 72 por ciento, de este incremento ocurrirá a partir de 2020, lo que brinda al país apenas dos décadas para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso.
La pobreza afecta fuertemente a partir de los 65 años entre los hombres y de los 60 años entre las mujeres. De ahí, la necesidad de trabajar en la implementación de opciones viables y prácticas que ofrezcan alternativas de tipo social, económico, educativo, cultural y sobre todo laboral.
Intenciones van y vienen, programas y propuestas se escuchan por doquier dedicadas a la atención de los abuelitos que afortunadamente reciben cada día más “privilegios” y derechos jurídicos que aprueban los legisladores federales y estatales, aunque la realidad contradice estos avances, sobre todo, en los hogares donde la mayoría viven abusos, discriminación y abandono.
Es preocupante verlos como indigentes, en calles, avenidas, comercios, pidiendo limosna y ofreciendo algún producto que les permita allegarse recursos porque la pensión no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas o simplemente porque toda su vida la han dedicado al ambulantaje.
En el medio rural los abuelitos laboran de forma permanente y con un ingreso relativamente bajo porque la mano de obra en la zona urbana es desplazada por los jóvenes que emigran a las ciudades en busca de empleos.
Por ello, urge activar un programa laboral acorde a las condiciones de salud física que presentan los adultos mayores o bien, aterrizar en el Estado, el Programa de Vinculación Laboral del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que garantice capacitación y oportunidades de ocupación justas para los viejitos. Esta tarea le corresponde a la representación del INAPAM en Campeche.
Los mexicanos por desgracia no tenemos la cultura de “ocupar” y “contratar” a los ancianitos más allá de los espacios que se les concede para trabajar de “cerillitos”. La mayoría piensa que ya no pueden realizar tareas o labores igual que un joven sin darse cuenta que incurre en una discriminación y, los relegan al grado de hacerlos sentir inútiles y deprimidos cuando aún tienen mucho para dar.
El índice Global de Vigilancia del Envejecimiento, que publica la organización de ayuda HelpAge International, informó que después de Suecia, los países donde mejor calidad de vida tienen los ancianos son Noruega y Japón. Según el estudio México se ubica en el lugar 56 entre los factores negativos se encuentran la economía informal en la que se encuentra la mayoría. Para disminuir el problema, el gobierno mexicano introdujo este año un nuevo esquema de pensiones no contributivas para los mayores de 65 años que no reciben ninguna otra pensión.
Pero según el índice este esquema «sólo está cubriendo al 20 por ciento, de los trabajadores del sector informal y un 25 por ciento, de la población de adultos mayores vive en relativa pobreza».
El próximo lunes 28 de agosto, se conmemora el Día del Adulto Mayor, esta celebración data de 1982, hace 35 años se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional Internacional de la Organización de las Naciones Unidas y en nuestro país se festejó a los abuelos por primera vez en 1983, en el Distrito Federal.
Mientras la sociedad no logre ubicar el cuidado de los ancianitos en primer plano y se impulse una política pública de forma permanente alineada entre los sistemas DIF Nacional, Estatal y Municipal aunado a las acciones básicas que realizan de forma efectiva, seguiremos viendo los mismos problemas.
Pareciera en ocasiones una cuestión de actitud o falta de coordinación por parte de algunas autoridades federales que se resisten a cumplir con su encomienda de velar por el bienestar de los ancianitos, misma que debe contener una dosis de vocación, compromiso y eficiencia.
El problema seguirá latente si en sus casas, los padres, no les inculcan a sus hijos y nietos que los abuelos son los máximos patriarcas de la familia, les conceda el lugar que merecen por sus conocimientos, experiencias y vuelvan a ser vistos con respeto, amor y orgullo, mientras eso no suceda, seguiremos observando los abusos que sufren y peor aún la irresponsabilidad de los familiares.
En suma, el reto es enorme al no existir en el país la infraestructura necesaria para nuevos espacios públicos que atiendan este sector. Por ello, a los actores sociales y políticos de todos los niveles, les debe quedar claro, que la deuda con los adultos mayores sigue pendiente y que los jóvenes y adultos de hoy, serán los abuelos que vivirán mañana esta cruda realidad de no tomarse desde ahora las decisiones correctas.
Cabildantes movidos
Las olas que generan los cambios políticos mantiene movidos y realizando gestiones para la gente a los cabildantes del municipio de Campeche, entre los que se encuentran: la síndica Diana Mena, la regidora Ana Gabriela Sánchez Preve, el regidor Jorge Ortega, entre otros.
Otra iniciativa a favor de Discapacitados
La diputada Leticia Enríquez Cachón, representante de la Comisión de Grupos Vulnerables, presentó en el Congreso del Estado de Campeche, la iniciativa para reformar diversas fracciones de los artículos 346, 366, 464, 518 y 519 del Código Civil del Estado de Campeche, referente a modificar el uso de palabras incorrectas y peyorativas que afectan la dignidad y fomentan la discriminación a las personas con alguna discapacidad.
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