SIC SAC
M.A. Elda Clemente Reyes
La participación ciudadana es el precedente de las principales luchas sociales a lo largo de la historia. Se ha hecho muy común en los últimos años, pero se desarrolló gracias a que los gobiernos contribuyeron en crear las condiciones necesarias para consolidarla.
El término se conceptualiza como la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas, esto es, en interfaces socio estatales (Isunza, 2006).
Para que la participación sea efectiva en un régimen democrático, el Estado debe garantizar el respeto a las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza hacia las entidades. Si alguna de estas condiciones falta o no se cumple al pie de la letra, es muy probable que se genere desconfianza, evidenciando la falta de interés. A fin de incentivarla es necesario revertir este tipo de situaciones.
Confiar en las instituciones es fundamental. Velar por el bienestar general ha sido el Talón de Aquiles para los responsables de ejecutar las políticas públicas dirigidas a la población.
En este contexto, cuando la ciudadanía no confía en las instituciones, es porque no están realizando sus funciones correctamente o porque se tiene la percepción que están trabajando para favorecer un sector específico y a veces a ninguno. Por lo tanto, es casi seguro que van a evitar involucrarse con las autoridades o su colaboración será escasa. Si en una democracia se quiere impulsar su colaboración, debe asegurarse primero, la credibilidad de los entes de gobierno y políticos.
De ahí, que los organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y demás, son consideradas como estructuras que agrupan a personas que comparten un mismo objetivo y a través de las cuales, logran beneficios colectivos a favor de la gente, que muchas veces, no encuentra respuesta oportuna a sus demandas, convirtiéndose en la única opción viable capaz de ofrecer soluciones.
Este es el papel fundamental de estas agrupaciones, cuya trascendencia implica cumplir los postulados que les dieron origen. Actualmente, algunos partidos políticos echan mano de éstas y las constituyen en su afán por recuperar credibilidad y convertirse en un puente de acercamiento con los electores, que cada vez, sufren más desencanto con una apreciación fría y renuente.
Sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas se crearon mecanismos, leyes e instrumentos jurídicos que favorecen y regulan la contribución de la sociedad civil en distintos ámbitos sociopolíticos. Es así, como existen, solo en Campeche, más de 200 asociaciones constituidas legalmente y no constituidas, que realizan algún tipo de activismo.
En este sentido, el reciente Encuentro Estatal de Asociaciones Civiles, organizado por Coincidir A.C., Damas Carmen A.C., y Comunicadores y Emprendedores A.C., la cual dirijo, logró con éxito y por primera vez, reunir a 45 presidentes además de representantes, luego de aproximadamente ocho años de no participar las organizaciones en un foro de esta naturaleza, que estuvo colmado de planteamientos, opiniones diversas y finalizó con la propuesta de crear una red.
La sociedad civil organizada, hoy más que nunca está presente y empuja fuerte ante los escenarios sociales, económicos y políticos, en su lucha por superar las debilidades, carencias, así como conservar las fortalezas y oportunidades que cada una tiene, según su objeto social.
De igual forma, pretende la inclusión, ciudadanización y concientización, que le permita convertirse en inspiración capaz de motivar a más individuos a participar, pasando del individualismo a un sano interés colectivo, donde las voces de los ciudadanos proactivos no solo sean escuchadas sino también, incidan en el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.
El presente y futuro de las asociaciones civiles dependerá de la consolidación de un proyecto que marque la pauta, hacia una vinculación real y positiva, con el fin de unir esfuerzos y voluntades, que respondan a la confianza ciudadana.
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