“A quien cometa el delito de abuso sexual en una niña, niño o adolescente con discapacidad o en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización”.
Se fija lo anterior en el Código Penal del Estado de Campeche que fue reformado en su artículo 169, dictamen de una iniciativa promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, mismo que fue aprobado por unanimidad durante la cuarta sesión ordinaria de la Legislatura estatal.
Asimismo se destaca que “si se hiciera uso de violencia en la niña, niño o adolescente con discapacidad o en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o exista una relación sentimental entre el sujeto activo y la víctima, o cuando el agresor aproveche su posición de autoridad, o se encuentre ejerciendo la patria potestad, tutela o curatela, se fijará de manera expresa y obligatoria la suspensión de la convivencia entre la víctima y su agresor, y a éste se le destituirá del cargo o comisión de los que pudo valerse, así como la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela que estuviere ejerciendo sobre la víctima”, y que “en los casos señalados en los dos párrafos anteriores se procederá de oficio y se aumentará la penalidad en una mitad en su mínimo y en su máximo”.
Por ministerio de ley la sesión fue presidida por la diputada Celia Rodríguez Gil, en su carácter de primera vicepresidenta de la Directiva, en razón al permiso concedido a la presidenta de la misma, diputada Karla Guadalupe Toledo Zamora.
Se dio lectura previamente a dos iniciativas, para adicionar un inciso g) a la fracción II del artículo 20 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil, y para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que Regula las Actividades de los Agentes Inmobiliarios Registrados del Estado, promovida por el diputado Joaquín Notario Zavala, documentos turnados luego a Comisiones.
En el punto de asuntos generales intervino el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, proponiendo un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público, ambas del Gobierno Federal, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que tomen las acciones y medidas gubernamentales necesarias ante la inminente falta de medicamentos, falta de personal médico y atención oportuna de los derechohabientes en las Unidades de Medicinas Familiares y las Clínicas Hospitales de Ciudad del Carmen y de San Francisco de Campeche Dr. Patricio Trueba de Regil, en especial la Unidad de Medicina Familiar de Calkiní.
Manifestó que en caso de la existencia de algún programa de contratación de personal médico sea considerada la Unidad de Medicina Familiar de Calkiní, ya que en la actualidad, funciona a un 25 por ciento de su capacidad con base en su infraestructura, “en donde tenemos un solo médico en la mañana y otro en la tarde”.
