*Los dos ex elementos policíacos obstaculizaron la investigación relacionada con el caso de prostitución de mujeres menores de edad en un bar del poblado de Pich, Campeche. Le pidieron al administrador de ese negocio, 20 mil pesos en efectivo a cambio de dejarlo en libertad.
Por Josué Tucuch Huicab
Una sentencia condenatoria de cuatro años tres meses de prisión y mil treinta días de multa, equivalentes a 692 mil 015.80 pesos y 628 mil 887.10 pesos, se le dictó a dos ex policías ministeriales por su responsabilidad penal en el delito de Cohecho y Contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, en su modalidad de obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se trate, informó la Procuraduría General de la República delegación estatal Campeche (PGR.
Los sentenciados se desempeñaban como elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Oficina de la Jefatura de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el estado de Campeche.
De acuerdo a las investigaciones los dos ex elementos policíacos obstaculizaron la investigación relacionada con los hechos delictuosos que se cometían en un bar ubicado en el poblado de Pich, Campeche; en el que de acuerdo a la causa penal, el pasado 22 de febrero de 2014, estos ex elementos federales acudieron a ejecutar la investigación acerca de la prostitución de mujeres menores de edad en dicho bar, ahí detuvieron al encargado del establecimiento a quien le pidieron la cantidad de 20 mil pesos en efectivo, a cambio de dejarlo en libertad.
El administrador del lugar accedió a la petición de los ex policías y les entregó la cantidad de cuatro mil 370 pesos, con la promesa de entregarle más adelante el total de la suma total que se le solicitó.
Los ex servidores públicos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la PGR en Campeche, quien una vez desahogadas las diligencias ejerció acción penal contra los condenados, para luego turnarlos ante la autoridad judicial correspondiente, quedaron internados en el Centro de Readaptación Social de San Francisco, Kobén.
