SIC SAC
M.A. ELDA CLEMENTE REYES
Uno de los temas que están sobre la mesa del debate nacional y ha generado una serie de especulaciones, es la Ley de Seguridad Interior, aprobada por diputados y senadores que faculta a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir, ya podrán hacer labores de patrullaje en estados y municipios, investigación y contención de protestas que pongan en riesgo la seguridad interior, sin intervenir en manifestaciones político electorales que se organicen de conformidad con la Constitución.
Estos puntos son los que han provocado disgusto entre los legisladores que votaron en contra de esta iniciativa y grupos que no aceptan la participación de la milicia en situaciones que eran exclusivas de los policías estatales. Incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y Amnistía Internacional, han externado su rechazo a este nuevo ordenamiento.
Lo preocupante no es lo que dicen los 34 artículos que conforman esta ley sino el alcance que puede tener sacar a los militares a las calles y que, en algún momento, puedan salirse de control, excederse en el uso de la fuerza con los protocolos, armamentos y técnicas para repeler o neutralizar actos de resistencia, aunque está bien establecido en la ley que deberán preservar las garantías individuales.
Lo que existe entre los opositores es una grave desconfianza hacia el ejército por las veces que han actuado de forma contraria a proteger a los ciudadanos. Su historial es amplio y recientemente la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), puso el dedo en la llaga, en el informe titulado “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”.
La labor efectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en momentos de desastre natural y contingencia se empaña cuando la ciudadanía ha sido violentada en operativos de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
De ahí, derivan los riesgos que señalan los organismos internacionales dadas las circunstancias actuales de violencia y muerte que ronda en gran parte del territorio nacional, aunado a las protestas políticas que puedan gestarse previo, durante o después de la jornada electoral que se aproxima.
Recordemos que en los estados más conflictivos los soldados han tenido una presencia constante, solo en el 2016, se registró el despliegue militar en 23 de 31 entidades federativas y con esto, numerosos casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Mucho dependerá de los gobernadores, que hasta el momento han recurrido a sus corporaciones policíacas para preservar el orden en sus estados. La dimensión de cada situación que se presente dará la pauta a las legislaturas locales para determinar, si solicitan al Ejecutivo Federal el apoyo del ejército, la Marina, la Policía Federal, la Fuerza Aérea o en su caso, el Presidente de la República bajo su estricta responsabilidad podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, se busca que el trabajo de los policías locales se vea fortalecido con las corporaciones federales quienes por tiempo definido y en circunstancias especiales entrarían en acción cuando se trate de la delincuencia organizada o conflictos considerados altamente peligrosos.
Solicitar su intervención en momentos específicos no es mal visto, lo complicado es el resultado que deja una movilización mal orquestada del ejército, con un costo político alto, y el riesgo latente que implica el contacto directo de los militares con la sociedad civil.
Veremos de qué manera la Federación puede lograr que se cumplan los objetivos de esta nueva ley que otorga certeza jurídica al combate a grupos criminales, sin vulnerar los derechos humanos.
Congreso se viste de tradiciones mayas
Se inauguró con éxito la exposición Tradiciones de un Pueblo en Campeche, del pintor Marco Chab, en los pasillos del Congreso del Estado, la diputada Leticia Enríquez Cachón; dio la bienvenida al artista en compañía de autoridades estatales y municipales. El Congreso del Estado, encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Administración, Ramón Méndez Lanz, se ha distinguido por abrir sus puertas a talentosos expositores y artistas campechanos.
